Declaración Conjunta de la OEA y REPAM sobre protección de la Amazonia y sus pueblos Indígenas, Quilombolas y Ribereños

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Red Eclesial PanAmazónica (REPAM), adoptan la presente Declaración Conjunta que aborda y afronta la urgencia humanitaria y ambiental que hoy en día vive la Amazonía. Adicionalmente, casi cuatrocientos pueblos indígenas y quilombolas, y cientos de comunidades ribereñas que la pueblan se encuentran bajo la constante amenaza del fin del equilibrio ecológico y la pérdida de sus cosmovisiones.

Esta Declaración hace recomendaciones urgentes y prioritarias a los Estados de la región: 

1) En cuanto a los derechos a vivir sin discriminación ni amenazas:
• Ratificación e implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú): El ejercicio de la defensa de los derechos humanos continúa siendo una de las actividades más peligrosas en la Panamazonía. Una forma de dar respuesta a este clima hostil es ratificando y llevando a la práctica el Acuerdo de Escazú, lo cual implica que algunos Estados revisen los marcos legales, complementen y desarrollen nuevos cuerpos normativos específicos, optimizando, por ejemplo, el Sistema Único de Información Ambiental.
• Elaboración e implementación de protocolos para la protección de personas defensoras de derechos humanos, que incluyan campañas de concientización sobre la importancia de su labor y servicio; el diseño y articulación de alertas tempranas para que las autoridades actúen de manera oportuna frente ataques o amenazas; capacitación a funcionarios y funcionarias de los Estados en esta materia.

2) En cuanto al Derecho a la tierra y a la utilización de sus recursos:
• Garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, mediante procesos sencillos y rápidos, evitando los inacabables trámites burocráticos y costos impagables.
• Priorizar la inversión en la gestión del territorio y el medio ambiente.
• Fortalecer las instituciones encargadas de vigilar, supervisar y fiscalizar las acciones que atentan contra el medio ambiente. Este derecho a un medio ambiente sano está reconocido como un derecho humano, no obstante lo cual todavía no ha tenido un adecuado desarrollo jurisprudencial ni ha encontrado un espacio amplio para su adecuada documentación y presentación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por tanto, es sumamente importante el papel de los Ministerios, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría del Pueblos, y de Organismos independientes adscritos a los Estados para su plena vigilancia.
• Generar condiciones y espacios seguros para el desarrollo de la participación ciudadana en materia ambiental, de ordenamiento y planeación territorial.

3) Con respecto al reconocimiento del derecho humano al agua:
• Desarrollar políticas públicas, o según el caso, actualizar las legislaciones estatales para el reconocimiento y protección del derecho humano al agua, visto desde un enfoque intercultural.
• Universalizar el acceso a agua potable, saneamiento y el manejo de ecosistemas de agua dulce. Es necesario invertir en infraestructura e instalaciones sanitarias; implementar tecnología para el tratamiento y eficiencia del agua con la participación y la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas.

4) Sobre el derecho a la SALUD:
• Fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud: con enfoque de derechos y con respuestas integrales a la emergencia, con la atención centrada en salvar vidas, asegurando la accesibilidad a los servicios vitales para todos y todas.
• Elaborar un plan estratégico de respuesta, coordinada y ampliada ante la crisis sanitaria de la Covid 19. 

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